- Relator Especial de la ONU confirma graves violaciones a derechos humanos en la península de Yucatán derivadas de los criaderos de puercos y pollos, y los daños a polinizadores y el medio ambiente ocasionado por los plaguicidas y los monocultivos.
- Pueblos y organizaciones firmantes lamentan la respuesta del Estado mexicano a los señalamientos realizados por el experto de la ONU.
En fechas recientes se hizo público el informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas, experto en las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Marcos Orellana, derivado de su visita oficial a México del 9 al 20 de marzo de 2026 (Informe A/HRC/63/27/Add.1), que será presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas el 07 de septiembre del presente año.
Durante esa visita el Relator recorrió diversas comunidades en la península de Yucatán y se reunió con pueblos que defienden su territorio y medio ambiente y organizaciones que acompañan esos procesos de defensa. Derivado de lo anterior, tanto en su informe preliminar como en el informe final, se pronunció sobre 6 problemáticas de interés que afectan a la región: zonas de sacrificio, los criaderos de animales a escala industrial, los plaguicidas peligrosos, la gestión de residuos, la contaminación de ríos y cuerpos de agua y las sustancias tóxicas, señalando como problemáticas muy relevantes para la península de Yucatán son los criaderos de puercos y pollos, y los daños a polinizadores y el medio ambiente ocasionado por los plaguicidas y los monocultivos.
En esa línea, el relator señaló que resulta pertinente poner una atención diferenciada a la península de Yucatán debido a la extrema fragilidad de su ecosistema de suelo kárstico, la alta permeabilidad de su terreno, la interconexión directa con sus mantos acuíferos subterráneos y las afectaciones que enfrentan los pueblos mayas.
El informe final expone la proliferación e irregularidad operativa de las granjas porcícolas y avícolas en la península, señalando que durante la última década se registró un crecimiento descontrolado del sector porcícola, sumando más de 500 criaderos industriales con más de 50,000 animales instalados cerca de territorios indígenas. La mayoría opera sin autorizaciones ambientales y fue instalada sin procesos de consulta ni consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado del Pueblo Maya.
Además, el relator señaló que la instalación de biodigestores promovida por empresas y autoridades no resuelve la carga tóxica, pues no filtran adecuadamente las excretas, orinas, metales, hormonas ni antibióticos inyectados al ganado, y como dichos contaminantes se vierten de manera directa al acuífero Maya y alcanzan áreas naturales protegidas como el Anillo de Cenotes. Durante la inspección, constató que solo un complejo disponía de una planta potabilizadora, aunque con capacidad insuficiente para el volumen total generado.
Apunta cómo la degradación de los desechos genera fuertes emisiones de gas metano, un potente contaminante de vida corta, y confirma cómo las poblaciones vecinas sufren de manera cotidiana por olores fétidos, ruidos, plagas de moscas, contaminación del aire y deterioro de sus pozos de agua, padeciendo afecciones cutáneas y respiratorias. Igualmente señala la extensa deforestación que las selvas mayas sufren a causa de estos proyectos.
Sobre el uso de plaguicidas y otros agrotóxicos, hizo énfasis en la persistencia de vacíos legales que permiten importar agrotóxicos prohibidos en sus países de origen, señalando la ausencia de un inventario actualizado de químicos industriales y la escasa participación del sector salud ante la exposición a tóxicos.
De manera particular, se pronunció sobre la situación que viven las comunidades apícolas en Campeche y el problema de la mortandad masiva de abejas y polinizadores, afirmando que la fumigación con agrotóxicos como el glifosato, el fipronil y los neonicotinoides en los monocultivos causa la muerte masiva de abejas, generando daños a la salud de los pobladores, desarticulando la actividad apícola tradicional y destruyendo el sustento económico de las familias mayas y genera un severo impacto emocional y cultural.
También puntualizó que estos plaguicidas contaminan el agua y que, derivado de este hecho, el agua de los pozos comunitarios ha dejado de ser apta para el consumo humano, obligando a las familias a adquirir agua embotellada misma que no está exenta de presencia de glifosato y otros plaguicidas.
Por último, el relator menciona que, ante la falta de monitoreo sistemático de la Secretaría de Salud, las propias comunidades han elaborado mapas de salud y realizado sus propios muestreos, mismos que han registrado un aumento sustancial de casos de cáncer, abortos involuntarios y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en zonas expuestas.
Frente a ese diagnóstico, que recoge mucho del sentir de las comunidades mayas afectadas, el funcionario de la ONU realizó diversas recomendaciones al Estado mexicano, dentro de las que resaltan generar procesos de acceso a la información, justicia y recursos efectivos para las comunidades y pueblos originarios, así como el respeto al derecho a la consulta y el consentimiento
De manera particular, sobre los criaderos industriales de animales, el relator recomendó que: a) Se fortalezcan las acciones coordinadas entre instituciones federales y estatales para reforzar los controles ambientales de los criaderos industriales de cerdos, en particular respecto al tratamiento de desechos que contaminan el Acuífero Maya; y b) se establezca un plan de justicia socioambiental culturalmente adecuado y en consulta con la población del estado de Yucatán, en particular con el pueblo maya y con afectados por la presencia de criaderos industriales de animales, incluyendo acciones de diagnóstico, prevención y mitigación, medidas integrales de reparación y servicios de atención médica adecuada con trazabilidad de enfermedades.
En cuanto a los plaguicidas peligrosos hizo las siguientes recomendaciones: a) adoptar una ley general de plaguicidas que establezca una definición, criterios y un listado de estos y la prohibición total de plaguicidas altamente peligrosos que contenga mecanismos de reparación integral a víctimas afectadas por su utilización; b) La elaboración de decretos actualizados de plaguicidas que generan graves impactos en la salud humana y ambiental, no solo aquellos obsoletos o de bajo uso en la actualidad; y c) La prohibición de las fumigaciones aéreas (con aviones y drones), adoptando medidas para lograr la gestión y eliminación ambientalmente racional de envases de plaguicidas y aquellos prohibidos u obsoletos.
Las comunidades y organizaciones firmantes concordamos con lo señalado por el Relator Especial, pues sus afirmaciones coinciden con reclamos y exigencias que hemos formulado durante los últimos años frente a las consecuencias socioambientales derivadas de diversos megaproyectos en nuestros territorios. Muchos de los recursos legales, testimonios y saberes compartidos por los pueblos y organizaciones durante la visita del Relator fueron retomados en su informe final, que además incorporó nuestra solicitud de declarar a la península como una zona de emergencia socioambiental.
Por lo anterior, resulta preocupante que el Estado mexicano, en su respuesta al informe final del Relator, minimice los impactos señalados y pretenda justificar su actuar mediante la implementación de políticas públicas que no han sido dialogadas ni construidas conjuntamente con los pueblos. Esto se evidencia en la ausencia de las comunidades en los acuerdos, convenios y demás instrumentos que los gobiernos han suscrito para atender la problemática de las granjas porcícolas, así como en la falta de resultados que permitan minimizar los impactos socioambientales derivados de las megagranjas.
De manera particular, resulta inexacto que, como respuesta al señalamiento del Relator sobre la existencia de más de 500 criaderos industriales de animales, el Gobierno mexicano invoque la existencia de “procesos de regularización” como evidencia de una respuesta suficiente. De acuerdo con datos obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información de julio de 2026, únicamente 26 granjas porcícolas han iniciado este procedimiento de regularización.
Por otra parte, en sus respuestas al informe del Relator, el Gobierno mexicano invisibiliza a los pueblos mayas como sujetos públicos de derechos, omitiendo toda referencia sustantiva a los señalamientos relacionados con sus derechos a la consulta y al consentimiento respecto de esos megaproyectos.
Además, al señalar que el Relator emite sus opiniones sin evidencia científica, el Gobierno mexicano omite que una parte de la información considerada en el informe fue proporcionada por los propios pueblos a partir de sus monitoreos comunitarios, muestreos y procesos de documentación, los cuales han servido de base para la defensa de sus territorios.
Especialmente grave es la caracterización que hace el Gobierno mexicano de la necesidad de realizar una declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental, recomendada por el Relator a partir de la petición que diversas comunidades y pueblos realizaron desde hace más de dos años a distintas instancias de gobierno, al señalar que se trata de una medida “extraordinaria de carácter alarmista”. Con ello, el Estado mexicano no solo minimiza lo documentado por el Relator, sino también las demandas y exigencias realizadas por los pueblos desde hace muchos años y el evidente deterioro socioambiental de la península de Yucatán.
Resulta grave que la referencia a la declaratoria de emergencia socioambiental como mecanismo de justicia y reparación para los pueblos haya sido respondida al Relator, pero no a las comunidades que la solicitaron hace más de dos años.
En ese sentido, exigimos que lo documentado y recomendado por el Relator no sea asumido por el Estado mexicano como un agravio, sino como una oportunidad para atender de manera efectiva una problemática que los pueblos y comunidades de la península han documentado y denunciado durante años. No hacerlo así sería desconocer que lo documentado por el Relator es también producto de los procesos de lucha y defensa del territorio y medio ambiente efectuados por las comunidades.
Las recomendaciones del Relator Especial deben traducirse en acciones concretas de prevención, monitoreo, reparación, restauración y justicia socioambiental, construidas con la participación efectiva de los pueblos y comunidades afectados.
Ignorarlas y no asumir la responsabilidad documentada implicaría desatender las voces, conocimientos y evidencias aportadas por los pueblos y permitir que las grandes empresas continúen actuando con impunidad en detrimento de los derechos colectivos.
Desde la península de Yucatán, a 28 de agosto de 2026
Firman:
Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, A.C.
Colectivo Maya de los Chenes
Muuch kaambal A.C.
Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on
Kanan Derechos Humanos A.C.
Kanan K’aax
Colectivo de Atención Comunitaria U Yutzil Kaaj
Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal
Homún
Sitilpech
Yaax Tekit
Coox Mayab
Consejo Comunitario Maya de Santa María Chí
Pedro Manuel Nahuat Chale / Presidente del comisariado Ejidal Santa María Chí
Wilberth Alfonso Nahuat Puc / Comisario Municipal Santa María Chí
Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán
Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán
Colectivo Maya Cantukun
Consejo Maya del Poniente Chik’in Ja’
Red To’one’ Ja’on
Mundo y Conciencia AC
Rodrigo Llanes Salazar
Cuauhtémoc Jacobo Femat
Contacto Prensa: Alberto Velázquez, comunicación@utsilkuxtal.org +529991908494
