Comunidades exigen al Gobernador se respete el territorio, la vida y la dignidad del Pueblo Maya

Diferentes comunidades, luchas y colectivos del Pueblo Maya de Yucatán reunidos en
torno a la Declaración de Emergencia Socioambiental nos pronunciamos frente al
Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, para tener una respuesta ante la declaratoria,
la cual ha sido turnada a los tres gobiernos estatales de la península, así como autoridades
federales.
En nuestro pronunciamiento, las comunidades mayas manifestamos nuestra negativa
ante el avasallamiento de nuestras comunidades ocasionado por diversos megaproyectos
agroindustriales, cárnicos, energéticos, inmobiliarios y turísticos, los cuales implican a su
vez proyectos de infraestructura como el Tren Maya y, por ende, minería, deforestación,
daños al manto freático y al acuífero maya.
Ante los diversos proyectos de muerte y destrucción, afirmamos defender la vida y
recalcamos que “no existe el renacimiento maya: los mayas no hemos desaparecido,
seguimos vivos. No somos un slogan de gobierno. Tampoco puede haber desarrollo
sustentable cuando se construye sobre la devastación de los territorios, de la naturaleza y de
los pueblos que les dan vida”.
Si bien no son proyectos que iniciaron con el actual mandatario, su gobierno
tampoco ha dado respuesta ante la apremiante necesidad de declarar a Yucatán como zona
de emergencia socioambiental. Contrariamente se ha incentivado diversos proyectos
industriales como la cervecera en Kanasín, al mismo tiempo en que se ha criminalizado la
defensa del territorio que realizan pueblos como Xcucul Sur, Santa María Chi y Kinchil,
entre otros. En otros casos se resiste silenciosamente frente al extractivismo inmobiliario, la
deforestación y la contaminación del suelo, el agua y el aire.
Las comunidades mayas nos reunimos el pasado sábado 25 de octubre para sacar
acuerdos. Consideramos que es importante que se respete nuestro derecho a decidir la vida
en la comunidad, ya que nos han acusado de no querer “desarrollo”, pero no puede haber
desarrollo sin una vida digna, si ya no se puede ir a leñar, si el aire, el agua y el suelo ya
está contaminado por las granjas porcícolas, si las casas se están derrumbando por las
detonaciones de las empresas mineras para extraer, irónicamente, materiales de
construcción. Es necesario que se reconozca la vida, los territorios y la dignidad del pueblo,
pero también de los derechos de la naturaleza, de los cenotes, de las abejas, del aire y de los
yummtsiles, de los aj kanules, de los yuum k’áaxo’ob y de todos los guardianes que
sostienen la vida.
Las comunidades mayas, en nuestro pronunciamiento, le exigimos al gobernador:

1. Emitir un pronunciamiento público de respaldo a la Declaratoria de Emergencia
   Socioambiental de la península de Yucatán.
2. Solicitar formalmente al Gobierno Federal la emisión de la declaratoria
   correspondiente, con base en los antecedentes y fundamentos aquí expuestos.
3. Suspender la autorización de nuevos proyectos extractivos, mineros,
   agroindustriales, inmobiliarios y de infraestructura, y de aquellos que estén
   operando de forma irregular generando daños comprobados a los ecosistemas y
   comunidades mayas.
4. Ordenar la realización de inspecciones integrales a las empresas mineras,
   porcícolas y establecimientos hoteleros que generan contaminación en nuestras
   costas.
5. Establecer una Mesa de Emergencia Socioambiental Peninsular, con
   participación directa de los pueblos mayas, organizaciones civiles y la academia,
   para definir medidas de mitigación y reparación del daño.
6. Garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e
   informado en cualquier proyecto que afecte el territorio y la vida de las
   comunidades mayas, conforme a los más altos estándares de protección de los
   derechos de los pueblos originarios. Tal como ocurre con el banco de materiales que
   opera en San José Tzal, el cual no ha sido objeto de un proceso de consulta ni ha
   contado con el consentimiento del pueblo maya.
7. Implementar programas de restauración ecológica y de salud comunitaria,
   con recursos estatales y federales.
8. Garantizar el derecho a la información, la participación y el acceso a la
   justicia en todos los procesos que afecten los derechos colectivos y ambientales del
   pueblo maya. No se deben emitir regulaciones, acuerdos o convenios relacionados
   con las granjas porcícolas o con cualquier megaproyecto denunciado, sin
   informarnos previamente y sin garantizar nuestra participación y consentimiento.
9. Garantizar la seguridad e integridad de las defensoras y defensores del
   territorio y del medio ambiente, y poner fin a la criminalización de nuestras luchas a
   través de la Fiscalía General del Estado u otras instancias.
10. Respetar la decisión de los pueblos mayas, que en ejercicio de nuestro
    derecho a la libre determinación y autonomía hemos declarado nuestros territorios
    libres de megaproyectos, así como la no continuación de aquellos proyectos que
    amenazan nuestras vidas.

Firman:
Pobladoras y pobladores Mayas de Santa María Chi, Kinchil, Puerto de Sisal,
Chablekal, Homún, Xcucul Sur, Hotzuc, Tebec, Tekit, Chocholá, Isla Arena, San
Antonio Siho, Kanxoc, Mérida.

Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C.