En el marco del proceso de consulta de la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Kanxoc demuestra que la libre determinación no es un concepto abstracto, sino una realidad viva.
Mediante asamblea general comunitaria, el pueblo maya emitió la Declaratoria para la protección de su territorio, sus bienes naturales y su vida comunitaria para blindar las tierras de uso común, montes y cenotes frente al riesgo de la venta irregular del territorio y la ambición extractivista pública y privada.
Con el fin de desterrar toda posibilidad de despojo, los integrantes de la comunidad demandaron al Gobierno Federal la emisión de un decreto oficial que establezca el título de propiedad sobre más de 570 hectáreas que el pueblo ha habitado, poseído y cuidado desde tiempos inmemoriales.
La comunidad maya de Kanxoc es dueña de una historia marcada por la defensa de su territorio y una resistencia que es previa incluso a las prácticas de colonización. El pueblo como tal ha construido una identidad que muestra fortaleza hasta hoy a partir de prácticas culturales y un modo de vida basado en pilares como la siembra de la milpa tradicional, el trabajo colectivo y el uso y resguardo del idioma maya.
Para quienes conforman la comunidad el área que los cobija es un cuerpo vivo del que toman parte el monte, la red de cenotes, las aguadas, los múules —montículos prehispánicos—, y los antiguos sakbejo’ob —caminos de piedra— que resguardan la memoria del pueblo.
Dentro de esa delimitación, los polígonos de Xla-kaaj y San Joaquín destacan como áreas centrales para la vida económica y cultural de la población. Por generaciones, los habitantes de Kanxoc han hecho de esos sitios el espacio del que brota la milpa y zumba la apicultura, ocurren las ceremonias sagradas y se abraza la preservación del monte.
Sin embargo, en tiempos recientes la comunidad ha identificado un incremento en los riesgos que se ciernen sobre la zona. Entre las principales problemáticas señaladas figuran la tala ilegal, la caza furtiva, la posible venta irregular de tierras y cenotes, y el riesgo de despojo mediante proyectos incompatibles con la dinámica social del pueblo.
Ante este escenario, ejidatarios, ejidatarias y pobladores celebraron una asamblea reciente. Y, con fundamento en el artículo 2° de la Constitución mexicana, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la comunidad emitió una resolución formal que busca blindar su territorio.
Kanxoc reafirma la defensa del territorio comunitario
En primer término, la asamblea declaró que el territorio y el ejido de Kanxoc constituyen un bien colectivo e histórico que no podrá ser vendido, privatizado, fragmentado ni explotado en contra del interés de la comunidad. Se determinó, también, que las tierras ejidales y las áreas de uso común deberán conservarse sin alteraciones para el uso de las generaciones presentes y futuras.
Asimismo, la comunidad ratificó a Xla-kaaj y San Joaquín como parte de su territorio ancestral, reconociéndose como legítima propietaria y posesionaria de ambos polígonos. Se estableció que dichos espacios se destinarán a la conservación y protección ambiental, priorizando en Xla-kaaj el resguardo del monte, los cenotes y la apicultura.
Además, se acordó que ningún megaproyecto, obra pública o privada, actividad extractiva o explotación de recursos podrá realizarse sin la presentación previa, discusión y aprobación expresa de la asamblea comunitaria.
Por último, la asamblea notificó a las instituciones y a los distintos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) que la comunidad mantendrá la gestión de los bienes naturales bajo sus propios criterios de organización. Y que se exigirá el respeto de las decisiones adoptadas en las actas de asamblea.
Estas decisiones constituyen para el pueblo maya de Kanxoc un ejercicio concreto de su derecho a la libre determinación. La comunidad no está únicamente formulando una petición ante las autoridades: está ejerciendo, mediante sus propias instituciones comunitarias, la capacidad de decidir sobre su territorio, sus bienes naturales, sus formas de organización y el futuro de las generaciones que la integran.
Este ejercicio adquiere especial relevancia en el contexto actual, en el que se desarrolla el proceso de consulta de la legislación en materia de pueblos indígenas. Mientras se discute el alcance de los derechos reconocidos constitucionalmente a los pueblos indígenas, los habitantes de Kanxoc demuestran que como sujetos de derecho público son capaces de adoptar decisiones colectivas sobre los asuntos que afectan directamente su territorio y vida comunitaria.
Más de 570 hectáreas permanecen pendientes de reconocimiento
El pueblo maya de Kanxoc elevó un primer pedido de reconocimiento de su territorio el 24 de octubre de 1935, por medio del cual en 1942 le fueron reconocidas, mediante Resolución Presidencial, 7,296 hectáreas de territorio ancestral.
Sin embargo, el fallo presidencial omitió reconocer superficies como los parajes San Joaquín y Xla-Kaaj, que el pueblo de Kanxoc ha mantenido en posesión continua e ininterrumpida desde tiempos inmemoriales y, enfatiza la comunidad, sin conflicto con colindantes.
Por esto, mediante un escrito respaldado con la firma de ejidatarias, ejidatarios y pobladores originarios, la asamblea general del pueblo maya de Kanxoc solicitó de manera formal ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, la emisión de un Decreto Presidencial para el reconocimiento legal y la titulación de tierras sobre las que el pueblo mantiene una posesión ancestral desde tiempos inmemoriales.
Para Kanxoc, el reconocimiento jurídico de estas superficies no puede entenderse separado del ejercicio de la libre determinación. El pueblo sostiene que el Estado mexicano debe reconocer no solo la existencia histórica de su posesión territorial, sino también su capacidad como sujeto de derecho público para decidir sobre áreas que ha habitado, cuidado y defendido de forma ancestral.
La comunidad considera que el momento actual representa una oportunidad para que las instituciones del Estado pasen del reconocimiento formal de los derechos de los pueblos indígenas a su cumplimiento efectivo.
En concreto, la comunidad maya de Kanxoc demanda a las autoridades federales que reconozcan y respeten las decisiones adoptadas por su Asamblea General, mediante las cuales emitió la Declaratoria para la protección de su territorio, sus bienes naturales y su vida comunitaria. Asimismo, exige que se atienda su solicitud de emisión de un Decreto Presidencial que reconozca y titule a su favor las superficies que forman parte de su territorio ancestral.
Kanxoc no pide que se le otorgue un permiso para decidir sobre su territorio: ejerce ese derecho y exige que el Estado mexicano lo reconozca y respete.
