- La atracción de tres casos emblemáticos de Homún, Yucatán, y Hopelchén, Campeche, brindaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la oportunidad de establecer precedentes históricos para la protección de los derechos bioculturales de los pueblos indígenas y el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, en un contexto de creciente crisis socioambiental en la península de Yucatán.
Ante la grave crisis socioambiental que enfrenta la península de Yucatán, representantes de los pueblos mayas de Homún, Yucatán, y Hopelchén, Campeche, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer tres juicios estratégicos que colocan en el centro la defensa del territorio, los derechos bioculturales de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza. Debido a su relevancia jurídica, ambiental y social, estos casos podrían sentar precedentes para toda la región y para el país.
Como confirmó recientemente el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos durante su visita a la península, la expansión de la agroindustria ha sido uno de los principales factores que han profundizado la crisis socioambiental que vive el territorio maya.
En Yucatán, una de las mayores amenazas proviene de la industria porcícola, cuyos impactos ambientales y sociales han sido ampliamente documentados. El pueblo maya de Homún, ubicado dentro de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, fue la primera comunidad en organizar una defensa jurídica frente a este modelo industrial.
Hasta el día de hoy, la lucha legal encabezada por las infancias y la comunidad contra la megagranja porcícola conocida como Granja PAPO continúa sin una resolución definitiva. Mediante uno de los casos cuya atracción se solicita a la SCJN, buscan una sentencia que garantice la inviabilidad absoluta de este proyecto dentro de un acuífero kárstico altamente vulnerable a la contaminación; que reconozca integralmente el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo maya; que garantice medidas de no repetición para proteger los derechos al agua, al medio ambiente sano y a la libre determinación de la niñez y del pueblo maya; y que ordene la reparación integral de los daños ocasionados por la instalación de la megagranja.
De manera paralela, otro de los juicios plantea el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes y el otorgamiento de la custodia indígena al pueblo maya de Homún como mecanismo de protección del acuífero y del territorio frente a actividades contaminantes, particularmente aquellas derivadas de la industria porcícola.
“Este caso representa una oportunidad histórica para fortalecer los derechos bioculturales del pueblo maya. El reconocimiento conjunto de la personalidad jurídica del Anillo de los Cenotes, y de la custodia indígena permitiría proteger no sólo un ecosistema mundialmente estratégico, sino también la relación histórica, cultural, espiritual y comunitaria que el pueblo maya ha construido con el agua, los cenotes y su territorio. Se trata de reconocer que la protección de la naturaleza y la protección de los pueblos indígenas son dimensiones inseparables”,
Lourdes Medina Carrillo del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal.
Por su parte, las comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, después de años de resistencia frente a los monocultivos, los organismos genéticamente modificados, la deforestación y el uso intensivo de agroquímicos, enfrentan actualmente una nueva expresión de esta crisis: la muerte masiva de abejas.
Ante esta situación, solicitaron a la Suprema Corte atraer un juicio que podría derivar en el reconocimiento de las abejas como sujetos de derechos. Esta demanda busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano a partir del reconocimiento de la relación histórica, cultural, espiritual y económica que el pueblo maya ha mantenido con estos polinizadores fundamentales para la vida.
Las comunidades sostienen que las abejas se encuentran gravemente amenazadas por el uso de agrotóxicos como el fipronil y el glifosato, señalados como responsables de episodios de muerte masiva de abejas provocados por fumigaciones aéreas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
“Hay una grave crisis ambiental que enfrenta el territorio de la península de Yucatán. Los pueblos hemos ganado varias sentencias y, sin embargo, no se ha garantizado su cumplimiento. Hoy hacemos nuevamente un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga los casos que le hemos presentado. Durante los diálogos sostenidos recientemente con las comunidades mayas de Hopelchén y Yucatán, compartimos nuestros saberes, nuestra forma de vida y la importancia que tiene el territorio para nuestros pueblos. Esperamos que ese diálogo se traduzca en acciones concretas que fortalezcan nuestra autonomía y nuestros derechos. Es importante entender que el pueblo maya tiene una concepción propia sobre el territorio, la vida y el desarrollo, distinta a la lógica de los megaproyectos que actualmente amenazan la sostenibilidad de nuestro territorio”.
Leydy Pech, defensora maya y guardiana de las abejas.
Por su parte, Jorge Fernández, del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, señaló:
“A partir de los encuentros realizados recientemente, los funcionarios de la Corte pudieron constatar de primera mano la situación sistemática de despojo territorial y crisis socioambiental que enfrentan las comunidades mayas de la península de Yucatán. Escucharon directamente las voces de quienes viven estas afectaciones. Es fundamental que este ejercicio de diálogo de saberes no se limite a un protocolo para incorporar una perspectiva pluricultural, sino que se refleje en las resoluciones del máximo tribunal del país. Una forma concreta de hacerlo es mediante la atracción de los casos de los cenotes y de las abejas, que representan problemáticas que han sido características de la realidad que viven hoy los pueblos mayas.”
Jorge Fernández, del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal
La actual Suprema Corte ha sostenido en reiteradas ocasiones su intención de ser un tribunal sensible a las demandas de los sectores históricamente discriminados. Consideramos que esta es una oportunidad para sentar precedentes que vayan al fondo de las violaciones sistémicas que ha vivido el pueblo maya en la Península de Yucatán. En ese sentido la atracción de los casos citados abriría la posibilidad no sólo de sentar precedentes novedosos en temas de pueblos originarios y derechos de la naturaleza, sino también de emitir sentencias que modifiquen las condiciones de vulnerabilidad y asimetría en la que viven los pueblos mayas de la Península de Yucatán.
Colectivo de comunidades mayas de los Chenes
Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A. C.
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