El pueblo maya de Yaxcopoil denuncia públicamente que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) retiró los sellos de clausura colocados sobre maquinaria pesada utilizada en actividades de desmonte ilegal denunciadas desde el pasado 4 de febrero de 2026, sin informar ni notificar previamente a la comunidad, pese a que fueron las y los pobladores quienes promovieron las denuncias y han permanecido vigilando el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas por autoridades federales.
Las denuncias presentadas ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la PROFEPA documentaron la realización de desmontes ilegales en un polígono del pueblo maya de Yaxcopoil, donde se afectó un área aproximada de 1.6 kilómetros. Entre los daños ocasionados se encuentran el derribo de albarradas en predios privados, el bloqueo de un callejón utilizado cotidianamente por campesinos y habitantes de la comunidad, la deforestación de predios particulares y la destrucción de un cenote que servía como fuente de abastecimiento de agua para fauna silvestre y ganado. Asimismo, en el sitio se localizó un metate prehispánico partido en dos como consecuencia directa del uso de maquinaria pesada.
Derivado de estos hechos, tanto el INAH como la PROFEPA impusieron sellos de clausura y aseguraron la maquinaria pesada involucrada. Sin embargo, el día de ayer personal de PROFEPA acudió a la comunidad para retirar los sellos colocados sobre una excavadora hidráulica tipo oruga y un tractor tipo topador sobre oruga, con el propósito de trasladar la maquinaria al depósito vehicular Abimerhi.
La actuación de la autoridad resulta especialmente grave porque la comunidad había advertido formalmente desde el pasado 30 de abril sobre la violación de los sellos de clausura por parte de personas vinculadas con la empresa Urbanizadora Líder Peninsular, S.A. de C.V., así como sobre posibles delitos ambientales, daños al patrimonio arqueológico y desacato a medidas de seguridad federales. Pese a ello, la respuesta institucional no fue investigar ni sancionar los hechos denunciados, sino acordar con la empresa la reubicación de la maquinaria asegurada.
El pasado 19 de abril, mientras integrantes de la comunidad sostenían una reunión con personal del INAH relativa a la protección del sitio arqueológico Yaxcopoil-Tanmul, pobladores alertaron sobre la presencia de personas ajenas intentando retirar ilegalmente la maquinaria clausurada mediante un vehículo tipo “lowboy” (cama baja). Al acudir al lugar, la comunidad constató actos materiales dirigidos a manipular la maquinaria y remover los sellos impuestos por autoridades federales.
Asimismo, durante esos hechos se registraron actos de intimidación, violencia verbal y expresiones misóginas contra habitantes de la comunidad. También se denunció que la persona que se ostentó como dueño de la maquinaria que causó dichos daños intentó atropellar a una pobladora y a un habitante en situación de discapacidad, situación que derivó en la intervención de elementos de seguridad pública y en su posterior detención por parte de la Policía Municipal de Umán y la Policía Estatal.
Resulta alarmante que, pese a estos antecedentes y a la existencia de una doble clausura federal derivada de afectaciones ambientales y daños al patrimonio arqueológico, PROFEPA haya retirado los sellos sin garantizar transparencia, sin informar previamente a la comunidad denunciante y sin verificar públicamente si durante el retiro y traslado de la maquinaria se podían continuar generando daños ambientales o afectaciones a vestigios arqueológicos existentes en la zona.
Estas actuaciones constituyen una grave vulneración a los derechos del pueblo maya de Yaxcopoil a la información, participación y acceso a la justicia ambiental, además de evidenciar prácticas institucionales que excluyen a las comunidades indígenas de decisiones que afectan directamente su territorio y patrimonio biocultural. No es la primera vez que tanto el gobierno federal como el estatal toman decisiones que benefician a las empresas dedicadas a la extracción de material pétreo, actividad que se ha incrementado de manera exponencial afectando a comunidades mayas de Mérida, Umán y Chocholá, entre otras.
Ejemplo de lo anterior es la falta de respuesta del Gobierno del Estado a la solicitud de diálogo planteada por la Red de Pueblos Mayas contra la Minería, quienes exigieron la instalación de una mesa con todas las autoridades involucradas para atender integralmente la problemática. Hasta el momento, dicha petición continúa sin respuesta.
El pueblo maya de Yaxcopoil reitera que continuará en la defensa de su territorio, de su patrimonio biocultural y de sus derechos a la autonomía y libre determinación. Aunque la maquinaria haya sido retirada, permanecen vigentes las clausuras derivadas de las afectaciones ambientales y arqueológicas denunciadas, por lo que la comunidad seguirá impulsando las acciones legales correspondientes y mantendrá vigilancia permanente para impedir la imposición de megaproyectos en su territorio.
Comundiad Maya de Yaxcopoil
Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C.
