Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C., Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán, Fundación para el Debido Proceso (DPlf), junto con académicos de Yucatán, se reunieron con Marcos Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos para informarle sobre la toxificación en la Península de Yucatán, particularmente la relacionada con la industria cárnica.
Durante dicho encuentro, se entregó el informe titulado “La toxificación de la península de Yucatán”, el cual analiza cómo distintos modelos económicos impulsados en Yucatán y Campeche —especialmente la agroindustria, la industria porcícola y la extracción de materiales pétreos— han generado una creciente contaminación ambiental que afecta gravemente a los ecosistemas y a las comunidades mayas de la región. El uso intensivo de plaguicidas altamente peligrosos, muchos prohibidos en otros países, las fumigaciones aéreas en monocultivos como la soya, y la expansión de la porcicultura han provocado contaminación del agua, del suelo y del aire, así como la muerte masiva de abejas y riesgos para la salud humana. Esta problemática se agrava por las características kársticas del territorio de la península, donde los suelos son muy porosos y permiten que las sustancias tóxicas se filtren rápidamente hacia los acuíferos subterráneos, que constituyen la principal fuente de agua de la región.
El informe también señala que estas actividades han convertido varias regiones habitadas por pueblos mayas en “zonas de sacrificio”, donde además de la exposición a sustancias tóxicas se presentan violaciones a derechos humanos, como la falta de consulta previa, libre e informada, obstáculos para acceder a la justicia y la criminalización de la protesta comunitaria. Frente a esta situación, comunidades, organizaciones y especialistas exigen medidas como la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos, el reconocimiento de los cenotes y las abejas como sujetos de derechos, la protección de los acuíferos kársticos y un enfoque preventivo que priorice el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación.
Puedes consultar el informe a continuación:
