El pasado 10 de diciembre se llevó a cabo la mesa panel: Derechos humanos y agrotóxicos en la península de Yucatán. La mesa estuvo moderada por Rodrigo Llanes (CEPHCIS-UNAM), quien recalcó que el evento se realiza en el marco del día internacional de los derechos humanos y de la visita del Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos A. Orellana, que realizará próximamente a México en marzo de 2026, a quien se le entregará el documento La toxificación de la península de Yucatán. Agroindistria, industria de la carne y bancos de materiales en Yucatán y Campeche (México), en el cual participamos: Utsil Kuxtal A. C., CEPHCIS, Contraloría Ciudadana y Autónoma del Agua de Yucatán, Fundación para el Debido Proceso, Subcomisaría Municipal de Santa María Chi, el Consejo Comunitario Maya de Santa María Chi, entre otras.
Por su parte, David Lovatón (DPlf), mencionó que estamos en una época de retroceso en materia de derechos humanos y de crisis del estado de derecho que enfrenta diversas violencias. Sin embargo, ha habido avances desde las luchas de la sociedad civil, de organismos internacionales y de la academia. Ya no se cuestiona la titularidad de derechos de sectores negados: mujeres, niños, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, aunque aún hay temas pendientes. Desde la península de Yucatán, se ha visto un crecimiento de diversas fuentes multicausales de vulneración de los derechos humanos ante las condiciones que incentivan a la iniciativa privada y pública (megagranjas porcícolas, agrotóxicos, monocultivos, Tren Maya, inmobiliarias, hoteleras, etc.), a una suerte de capitalismo salvaje, que debe tomar en cuenta la sustentabilidad ambiental y la licencia social.
Bernardo Serrano (oficina en México de ONU-DH), señaló que en todo el país se están enfrentando diferentes ambientes tóxicos. En el caso de ONU-DH ha acompañado particularmente en la península diferentes procesos desde 2016 en los chenes (soya transgénica); 2017 San José Tpceh (parque fotovoltaico); 2019 península (Tren Maya); 2021 en Kinchil, Maxcanú y Celestún (granjas porcícolas); 2024 Santa María Chi (Granja porcícola); 2025 Xcucul Sur y Tebec (bancos de material pétreo). Por lo que la siguiente visita del relator Especial puede servir para emitir recomendaciones en materia de derechos humanos respecto al daño ambiental ocasionado por agrotóxicos, señalo como ejemplo el caso de Paraguay donde se recomendó: prohibir las fumigaciones aéreas; realizar estudios de seguimiento de la salud y monitoreo de la contaminación ambiental; elevar a delito o crimen el incumplimiento de medidas de protección para la fumigación, entre otros.
Wilbert Nahuat (subcomisario de Santa María Chi) recordó las múltiples violaciones a los derechos humanos que han vivido en su comunidad debido a una granja porcícola ubicada a 200 metros de la comunidad y que alberga a 46 mil cerdos, la cual ha generado peste, agua contaminada, a través de análisis clínicos han constatado que está contaminada hasta 8 veces del límite para consumo humano. Recalcó que se le ha criminalizado al defender a su comunidad, ya que tiene una demanda por privación ilegal de la libertad por no dejar pasar camiones por la comunidad. La empresa ha quemado excretas de cerdo sin ninguna consideración por la comunidad. El agua contaminada es rociada en 230 hectáreas circundantes a la comunidad. “La tierra es de ellos, pero lo que está debajo no, que es el agua, que es lo que nosotros detectábamos en nuestros pozos, que ya no se podía utilizar”, señaló. Por último, denunció, acompañado de un vídeo tomado apenas hace unos días, que la granja sigue operando de manera ilegal, esto pese a la suspensión que tienen.
Orvelin Montiel (Instituto Federal de la Defensoría Pública), abordó los obstáculos que existen en torno al acceso a la justicia, principalmente desde los pueblos y comunidades indígenas, en materia ambiental, el cual representa un reto para la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, pese a su reconocimiento, persisten obstáculos como la “carga de la prueba”, la cual recae sobre el demandante, y que también parece existir una regresión. En los conflictos ambientales esto es inequitativo dado que las comunidades no cuentan con los recursos económicos, técnicos y científicos para demostrar las afectaciones. En este sentido, se propone la “reversión de la carga de la prueba”, ya que quien se encuentra en mejores condiciones de probar es la empresa, sobre todo al contar con los recursos económicos y científicos, para demostrar los daños, pero en su aplicación es discrecional. Aunado a esto, lo que ocurre es que las empresas se oponen a que se realicen pruebas periciales, pero a esto se suman los criterios e intereses de los juzgadores, quienes muchas veces utilizan argumentos como el derecho a la intimidad (de las empresas y su producción) para desechar pruebas. Otro obstáculo es lograr hacer efectiva las suspensiones, ya que los jueces no supervisan que se cumplan las suspensiones que dictan, quienes se basan en los informes de las propias instituciones, las cuales son las mismas que otorgan los permisos para el funcionamiento de las empresas. Hizo hincapié en el caso de Santa María el Chi, en el cual, se evidencian estos obstáculos, y otros como el interés legítimo (nuevos candados con las reformas constitucionales), la criminalización.
Lourdes Medina (Utsil Kuxtal) se centró en el “Principio precautorio y los Derechos de la Naturaleza. Defensa frente a los plaguicidas en México”. Inició recordando los diversos impactos de la industria cárnica, principalmente porcícola; Minería no metálica (material pétreo); Deforestación para cultivos de transgénicos (soya, maíz, trigo) que implican un paquete tecnológico (maquinaria en grandes extensiones de tierra) y corrupción desde autoridades agrarias y los propios ejidos. En cuanto al tema de plaguicidas, mencionó que todas las autoridades están involucradas, desde el municipal hasta el federal, y que además el escenario se complica con la incertidumbre científica (hasta dónde realmente conocemos los impactos de los plaguicidas) y los intereses económicos. Todo esto ha generado un “fracaso catastrófico en la protección ambiental”, el cual se visibiliza con la reducción de los mecanismos para la defensa de los ecosistemas como el juicio de amparo, que recientemente puso nuevas trabas. Desde 2018 ya hay una recomendación de la CNDH para restringir los plaguicidas, esto ya es un reconocimiento. Pese a esto, el relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas ya ha señalado que los pueblos indígenas son los más afectados por la violencia ambiental.
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