La Fiscalía de Yucatán cita a integrantes del pueblo maya que se oponen a un banco de explotación vinculado al Tren Maya
El pueblo maya de Xcucul Sur, en el municipio de Umán, Yucatán, enfrenta un proceso de criminalización por su oposición a un banco de extracción de materiales que opera de forma irregular y ha generado múltiples impactos sociales y ambientales. Esta explotación, impulsada para abastecer insumos al megaproyecto del Tren Maya, ha estado marcada por omisiones legales, afectaciones a la población y actos de hostigamiento.
Este banco cuenta con una autorización emitida por la Delegación Federal de la SEMARNAT en Yucatán para una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) titulada “Rehabilitación de banco de materiales para la extracción en estrato húmedo”, promovida por la empresa Asesoría PROSER S.A. de C.V., en la que se establece que no se usarán explosivos. Según testimonios de los habitantes, el predio fue adquirido por la empresa mediante una asamblea ejidal a puertas cerradas, sin el consenso de la mayoría y sin que el acta o contrato resultante se hiciera público.
La MIA autoriza la extracción de material pétreo hasta cuatro metros por debajo del nivel freático en una superficie total de 164,270.10 m², sin especificar el volumen a extraer. De esta superficie, 56,520 m² (34.41%) se destinarán a la explotación en estrato húmedo —en un área que, según el promovente, ya habría sido explotada en seco—; 37,680 m² (22.94%) funcionarán como área de amortiguamiento para conservar la vegetación existente; y 69,996.05 m² (42.61%) se ocuparán para infraestructura operativa y circulación vehicular. El presupuesto asignado para diez años de explotación asciende a ocho millones de pesos, de los cuales ochocientos mil se destinarán a medidas preventivas, de mitigación y compensación de los impactos ambientales, como la restauración del suelo, la reforestación con especies nativas y el desarrollo de un proyecto de uso alternativo del predio, sujeto a autorización de las autoridades competentes.
Sin embargo, desde que inició operaciones en 2021, el banco ha incumplido sistemáticamente lo establecido en la MIA. La primera suspensión ocurrió en 2022, cuando la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) revocó el permiso de uso de explosivos tras comprobar que la empresa había realizado detonaciones con dinamita a menos de 100 metros de las viviendas de la localidad —en abierta contradicción con lo manifestado en la MIA—, provocando daños estructurales en cimientos, techos y paredes. A finales de 2024, el banco reanudó operaciones bajo la administración del Grupo Zamudio, que presentó un nuevo permiso de la SEDENA para el uso de explosivos, lo que reavivó el conflicto con los habitantes.
La utilización de explosivos en el pueblo y la afectación a las viviendas y a la salud de los habitantes de Xcucul, les ha llevado a organizarse para denunciar pública y legalmente a las empresas que, violando las disposiciones legales, han afectado la vida de la comunidad. Con motivo de las denuncias se han determinado clausuras por parte de la PROFEPA, la SDS e inspecciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A raíz de estas denuncias, los habitantes de Xcucul han recibido diversos tipos de amenazas y hostigamientos, siendo el último de ellos una serie de citatorios emitidos por parte de la Fiscalía General del estado de Yucatán, a través de la Unidad de Investigación y Litigación de Umán, para que comparezcan el día lunes 11 de agosto ante dicha institución por la supuesta comisión de un delito. Como suele suceder, los citatorios recibidos no establecen quien denuncia ni el delito por el cual están siendo citados.
Los citatorios de la Fiscalía representan una forma de criminalización y amenaza que pretende menoscabar el derecho a defender los derechos humanos del pueblo de Xcucul y evidencia una práctica preocupante por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, al situarse al servicio de las empresas para desarticular un legítimo movimiento de defensa del territorio. Al respecto conviene recordar que la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, ha expresado su preocupación por la criminalización de las y los defensores de los derechos humanos, principalmente los indígenas en México y la imposición de duras condenas contra ellos.
El caso de Xcucul Sur evidencia cómo la explotación de bancos de materiales, que es una expresión de la minería, opera en los márgenes de la legalidad y la ilegalidad, articulando un complejo ensamblaje de instituciones estatales, empresas constructoras, autoridades locales, marcos regulatorios flexibles y comunidades afectadas. Este patrón no es un hecho aislado, sino una expresión localizada de un modelo extractivo que, bajo el argumento del desarrollo infraestructural, reproduce dinámicas de despojo, deterioro ambiental y vulneración de derechos colectivos y de la naturaleza en toda la península de Yucatán.
La explotación de bancos de materiales pétreos no es una actividad reciente en la península; sin embargo, la elevada demanda de insumos frente al incremento de megaproyectos en el estado, como el Tren Maya, detonó una expansión sin precedentes en la actividad minera. En este contexto, empresas mineras obtuvieron autorizaciones de las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno para el cambio del uso de suelo, ya fuera con el fin de deforestar los sitios destinados a nuevos bancos de materiales o para realizar extracciones por debajo del nivel freático. Estas prácticas han provocado la destrucción irreversible del suelo kárstico, afectando directamente la integridad del sistema acuífero y poniendo en riesgo la estabilidad ecológica de un territorio especialmente frágil en el norte de la península.
Las autorizaciones —en muchos casos irregulares—no sólo facilitaron la devastación del medio ambiente, sino que también ignoraron los impactos sociales derivados de esta actividad extractiva en las localidades aledañas: afectaciones a la salud y calidad de vida, conflictos por la tenencia y uso de la tierra, debilitamiento del tejido comunitario, impactos sobre el patrimonio cultural y paisajístico, transformaciones en las economías locales y escalada de la conflictividad social.
El pueblo de Xcucul Sur exige el respeto a sus derechos colectivos, el cese de la criminalización y la cancelación definitiva de un proyecto extractivo que atenta contra la vida, la salud y el territorio.
Fotografías de Patricio Eleisegui: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MBXDuu_Felpu1-i7xXNQ_tA_sJFaV_d2
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